Hacemos un llamado a los Estados de América Latina y El Caribe para promover y asegurar la inclusión e integración social de las niñas, niños, adolescentes y sus familias en situación de migración
diciembre 18, 2020
La migración en los países de América Latina y El Caribe es una de las principales características de la región. Tan solo en el 2019 había más de 30 millones de personas procedentes de estos países viviendo en América del Norte (26.6 millones) y en Europa (5 millones).[1]
Hacia Estados Unidos se encuentra el principal corredor migratorio de país a país de todo el mundo, debido a que el mayor número de personas en movilidad son originarias de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, naciones como Colombia, Ecuador, Brasil y Perú son, también, países de origen, de tránsito y de destino de personas migrantes.
El caso de México es particular, ya que es el segundo país de origen del mundo –después de la India- con alrededor de 12 millones de mexicanos viviendo principalmente en Estados Unidos.
En Sudamérica existen grandes poblaciones de personas que residen fuera de su país de origen; de hecho, Colombia y la República Bolivariana de Venezuela son, después de México, los principales países de origen de migrantes en América Latina, con 2.9 millones y 5,448,441 millones[2], respectivamente.
El caso de Venezuela ha representado una gran crisis en materia de migrantes y refugiados, con el desplazamiento de 1,722,919 de venezolanos viviendo en Colombia[3], y otros cientos de miles radicados en 17 países de Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos y Europa.
Los riesgos y afectaciones asociados a las niñas, niños y adolescentes en situación de migración, se han visto incrementados considerablemente por la pandemia ocasionada por el COVID-19, que ha generado retos importantes para la protección efectiva de niñas, niños, adolescentes y sus familias en situación de migración.
Si bien las estadísticas globales evidencian que niñas y niños enfrentan un riesgo menor frente al coronavirus en comparación con las personas adultas mayores, no es menos cierto que las medidas de restricción de movilidad y el impacto económico que se vive en los países, han afectado sus condiciones de vida, por tratarse de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, dificultando su acceso a derechos como la educación, salud, alimentos, vivienda; incidiendo así en su normal desarrollo y exponiéndoles a mayores riesgos como puede ser la trata de personas, el tráfico de personas, la violencia basada en género, entre otros riesgos asociados a la falta de protección integral oportuna.
Por otra parte, el distanciamiento social y el confinamiento -como medidas de contención del COVID-19-, complejizan aún más las condiciones para promover y llevar a la práctica la consolidación de un entorno en el que se conozcan y acepten las expresiones culturales de quienes llegan y de quienes han permanecido en una comunidad toda su vida, generándose así mayores desafíos para la inclusión y la integración social.
Esta falta de entendimiento y empatía provoca la violación de los derechos humanos y la imposibilidad de integración intercultural, generando reacciones negativas que afectan gravemente la vida y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, provocando efectos nocivos que se manifiestan en las dimensiones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales.
Asimismo, las conductas discriminatorias y xenófobas también afectan el entorno y desgastan el tejido social, dañando no solo a las personas en situación de migración, sino también a las comunidades receptoras.
Para combatir y erradicar la xenofobia, que representa el rechazo de las personas por el simple hecho de pertenecer a una nacionalidad distinta, es necesario reconocer que existen muchas más cosas que nos unen y así lo queremos mostrar a través de la Campaña Regional #MiTierraEsTuTierra, que las organizaciones firmantes estaremos impulsando en los próximos meses. Recordemos que nuestros connacionales se enfrentan a los mismos desafíos que viven quienes llegan con el deseo de mejores oportunidades de vida.
Finalmente, la conmemoración del Día Internacional del Migrante es propicia para reflexionar sobre los desafíos que la población migrante ha enfrentado en el contexto de la pandemia, principalmente los niños, niñas y adolescentes, así como las contribuciones que desde distintos espacios podemos aportar las organizaciones de la sociedad civil, pero también la necesidad de que los Estados recuerden su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas en su territorio y bajo su jurisdicción, sin discriminación.
Por ello, hacemos un llamado a los Estados, gobiernos y sociedad en general, para llevar a cabo las siguientes recomendaciones:
- Asegurar que las niñas, niños y adolescentes en situación de migración tengan acceso inmediato a sus derechos en condiciones de igualdad, particularmente a la identidad, la educación, la salud, la vivienda digna, la protección especial, entre otros derechos, a través de la implementación de programas que tomen en consideración las necesidades particulares de las personas migrantes;
- Fortalecer los Sistemas Nacionales de Protección para que otorguen servicios oportunos e integrales a niñas, niños y adolescentes en situación de migración con un seguimiento en su situación de retorno;
- Que los Estados cuenten con protocolos y estándares de protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, y articulen sus acciones basadas en las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos orientadas a garantizar sus derechos en un contexto de pandemia;
- Considerar a la población migrante en los programas nacionales de desarrollo social, asistencia social, salud, educación, trabajo, así como la atención psicológica y la protección de la salud mental, entre otros;
- Promover la cohesión social en las comunidades a través de ferias, proyectos de emprendimiento, actividades lúdicas y recreativas, el arte y el deporte, espacios para el intercambio cultural y la integración social. Asimismo, proponer proyectos comunitarios que estén encaminados a la recuperación de espacios públicos o mejoramiento del entorno urbano o rural con la participación activa de la población migrante;
- Adoptar medidas, así sean de carácter temporal, para promover la regularización migratoria que facilitaría la integración socioeconómica en los países de acogida, generándose así las condiciones para que las personas en situación de migración puedan contribuir con el desarrollo y la reactivación económica de los países de acogida, y
- Brindar oportunidades para la reubicación de las personas migrantes a localidades con posibilidades de empleo y desarrollo, a fin de desahogar aquellas comunidades con grandes poblaciones de personas en situación de migración.
Organizaciones socias del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil de Save the Children en América Latina y el Caribe
